Juez federal da entrada a amparo de comuneros contra autoridades y empresas de la línea k

Gerardo Valdivieso Parada

Juchitån, Oaxaca.- El pasad 13 de marzo, tres comuneros de Chicapa de Castro, agencia de este municipio y tres del municipio de Unión Hidalgo, les fue aceptado por el juez del Septimo Distrito con sede en Salina Cruz, un amparo interpuesto contra autoridades y empresas encargadas de la rehabilitación de la linea k dentro del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Las autoridades contra las que se ampararon ante la justicia federal son la Secretaria de Marina, la Secretaria de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energía y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca, a los Ayuntamientos de Juchitån y Unión Hidalgo y la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (FES).

Los actos reclamados en el amparo son la planeación, construcción y/o rehabilitación y operación de la línea K del CIIT, dentro de las tierras de uso común en perjuicio de los derechos colectivos de la comunidad agraria indígena zapoteca de Juchitån, cuyas tierras fueron reconocidos por decreto presidencial junto con sus anexos como son Chicapa de Castro y Unión Hidalgo; la explotación de material pétreo en los parajes “Estero Guíe” y “El Barrancón”; además de la omisión de realizar un proceso de consulta indígena y obtener el consentimiento de la comunidad afectada.

Los seis comuneros de los anexos de Juchitån metieron el amparo en nombre de la comunidad agraria de Juchitån, ya que desde hace más de cuarenta años el Comisariado de Bienes Comunales no cuenta con autoridad que represente las más 60 mil hectáreas que abarcan las tierras de Juchitån y sus anexos.

Los comuneros denunciaron la afectación de 20 mil hectáreas en la rehabilitación de la línea sobre los terrenos del área de derecho de vía. Sobre esta afectación a la fauna endémica y protegida, ya se interpuso un primer amparo por el defensor comunitario, Edgar Martin Regalado, que está en trámite sobre la suspensión definitiva de los trabajos de la línea K, pero que logró la clausura del banco de piedra El Barrancón.

Con la admisión del amparo de los comuneros, el juez concedió “la suspensión de plano y oficio para el efecto de que las autoridades responsables con motivo del proyecto denominado lines K se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto pribarla total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de las tierras de uso común hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutada en el presente juicio de amparo.’