El escenario del flujo migrante en la región se complica
Gerardo Valdivieso Parada
No es la primera vez que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acepta ante el gobierno estadounidense aminorar el flujo migrante hacia la frontera norte. El 30 de mayo de 2019 el entonces presidente Donald Trump amenazó con subir los aranceles a los productos y mercancías mexicanos, el gobierno norteamericano ponía como condición para no aplicar los aranceles, que el gobierno mexicano resolviera el problema de la inmigración ilegal en sus fronteras.
La Casa Blanca también exigía que nuestro país firmara un tratado para convertirse en tercer país seguro, para que los migrantes rechazados por el país del norte se quedarán o tuvieran asilo en México.
El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, logró que se firmará un acuerdo suplementario entre los dos países, en donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió bajar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, para evitar el cobro de aranceles.
La contención del flujo migratorio ha llevado a cambios de estrategia del trato a los migrantes en la frontera sur, los tres niveles de gobierno se coordinan y toman acciones en consonancia con el compromiso mexicano de no atiborrar de migrantes la frontera norte que tratan de ingresar a los Estados Unidos.
Las primeras acciones de gobierno han tenido las primeras respuestas, como es el caso del cierre de operaciones la noche del pasado jueves del Centro de Movilidad Migratoria que ocupa las instalaciones de lo que estaba proyectado para un terminal de autobuses local en la ciudad de Juchitán y no han sido de parte de los migrantes.
Desde su construcción, comerciantes se apresuraron a “apartar” espacios para la vendimia dentro y en las inmediaciones de la terminal, ciertas cuestiones legales sobre la tenencia del terreno no lograron el inicio de actividades de la terminal, tan necesaria para la ciudad, sólo en el caso de los autobuses Istmeños que no cuentan con terminal han estropeado las calles en donde se estacionan principalmente la Angélica Pipi.
Las ganancias económicas que representan el paso y estadía de migrantes, no sólo ha beneficiado a empresas establecidas y de servicios como líneas de autobuses, hoteles y restoranes. Existe una gran cantidad de comercio informal que se beneficia de la llegada de los migrantes y los recursos con que disponen o logran recabar. Los comerciantes del Centro de Movilidad es sólo una parte de ciudadanos que han encontrado una forma de subsistencia en el flujo migrante, por lo que su enojo por terminárseles sus ingresos es comprensible, porque incluso algunos de ellos le dan empleo a los propios migrantes que han decidido quedarse.
El asunto más delicado por decir menos son los actos de abuso para con los migrantes, desde el comerciante y mototaxista que decide cobrarles más de lo normal, hasta las organizaciones ilegales que controlan el paso de los migrantes, que intervienen en el uso de los pequeños vehículos que van desde mototaxis que dan el servicio de pueblo a pueblo en la zona orientes, hasta el transporte de migrantes más organizada para ocultarlos y llevarlos a lugares ya pactados, llegando incluso al secuestro.
Si cuando había permisión y tolerancia para que los migrantes se conduzcan por la región ha habido una evidente falta de capacidad de los tres niveles de gobierno, que han demostrado una pésima coordinación, no se puede imaginar un escenario más complicado cuando desde el gobierno federal han decidido apretar la tuerca en el flujo de migrantes. La rebelión de los comerciantes del Centro de Movilidad Migratoria es el mínimo escenario crítico que vendrá para la región sobre el tema.
Por supuesto que el flujo no va a detenerse ni aminorarse de forma significativa, lo que vendrá es la exposición a más peligros de las personas que transitan por la región al ser paso obligatorio, cuando busquen nuevas rutas más extremas y peligrosas. En caso de que se desplieguen las fuerzas con que dispone el Estado para detenerlas se volverán a escenificar las persecuciones a las familias, las confrontaciones, con la inevitable violación de sus derechos humanos. Pero la también entrega de los migrantes a los grupos mafiosos que los trasladen de forma oculta, aumentando costos y riegos para los migrantes. Incluso podrá afectar a decenas de migrantes que se han quedado a trabajar en distintos empleos desde mototaxistas hasta empleados de diferentes negocios.
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