Gobierno de Oaxaca informa a la sociedad civil sobre la situación actual del Área Natural Protegida “El Crestón”

• El objetivo fue mostrar el interés de la Secretaría de Medio Ambiente de promover un desarrollo sustentable y ordenado en el polígono

• Se brindó información precisa sobre las acciones emprendidas en la protección ambiental y los procedimientos administrativos en curso

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de agosto de 2025.- El Gobierno del Estado de Oaxaca encabezó una reunión informativa con organizaciones de la sociedad civil para abordar la situación actual de la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida (ZREANP), conocida comúnmente como “El Crestón”, decretada el 14 de noviembre de 1992.

La sesión fue presidida por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, Karime Unda Harp, junto con representantes de la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, así como del municipio de Oaxaca de Juárez.

El Gobierno del Estado concertó un acuerdo de coadministración de la ZREANP con el municipio capitalino, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental Municipal, quienes administrarán la superficie urbanizada, conformada por 44 colonias legalmente reconocidas y 14 colonias en proceso de regularización, lo que representa el 31 por ciento del total del polígono.

Esta medida tiene como fin regularizar el área actualmente ocupada por asentamientos humanos desde hace varios años, como resultado de la indefinición del polígono decretado en 1992.

El 69 por ciento restante, correspondiente a la superficie libre de asentamientos humanos, continuará bajo la administración de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado.

Respecto al acuerdo de cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, emitido el 29 de julio de 2025, mediante el cual se dejaron sin efectos los acuerdos de dos administraciones anteriores, este forma parte del proceso de atención a trámites con un rezago de 6 años.

Lo anterior ha impedido que las personas legítimas propietarias cuenten con certeza jurídica sobre la regulación de sus posesiones, tales como número oficial, alineamientos, subdivisión de predios y servicios públicos esenciales, incluyendo el derecho humano al agua potable.