Presenta amparo para la suspensión de los trabajos de la línea K en Unión Hidalgo

Gerardo Valdivieso Parada

Unión Hidalgo, Oax.- Edgar Martín Regalado, solicitó ante un Juzgado de Distrito la suspensión de los trabajos de la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en los límites de Ranchu Gubiña, y la explotación del banco de piedra “El barrancón” ubicado en sus tierras comunales.

El que se presentó como defensor de los derechos humanos en materia ambiental, en su juicio de amparo en materia ambiental solicitó una suspensión provisional “y en su momento la definitiva”, para que deje de operar totalmente el banco de piedra “El barrancón” por no contar con autorización vigente “y por no cumplir con las condiciones del permiso vencido”.

En cuanto a los trabajos de rehabilitación de las vías ferroviarias de la línea K del CIIT, que pasa por la comunidad zapoteca referida a lo largo de 26 kilómetros, pidió la suspensión de todos los trabajos en tanto no presente el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Para el defensor comunitario ambos actos ilegales violan los derechos humanos de él y de su comunidad en cuanto a pueblo indígena, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, como el Convenio 169 entre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Y en cuanto a su derecho a un ambiente sano se amparó en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas.

En cuanto que a la zona deforestada pertenece al derecho de vía del tren, adujo que el área afectada por la deforestación generada a raíz de la reconstrucción de la línea K del CIIT, “forma parte de mi ‘entorno adyacente’ soy beneficiario de los recursos naturales que se generan a partir de la biodiversidad del área, por tanto legitimado para promover el juicio de amparo en mi defensa”.

Las autoridades responsables por la que solicitó “el amparo y protección de la Justicio de la Unión” son la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energía y Sostenibilidad (SEMABESO), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Director General del CIIT, Raymundo Pedro Morales Ángeles y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo).

De la Semarnat reclama la exención de autorización en materia de impacto ambiental a la SEMAR, por llevar a cabo la restauración de la línea K del CIIT en la zona de Unión Hidalgo, “y con ello violar de forma sistemática mis derechos fundamentales y las de mi comunidad a vivir en un ambiente sano y una consulta previa al acto, culturalmente adecuado, informada, de buena fe y con el deber de llevarse fuera de ambiente hostil”.

A la SEMAR se le reclama la deforestación de la zona citada, así como el saqueo y explotación en el banco pétreo “El barrancón”, ambos sin contar con los permisos en materia ambiental que requiere la ley.

Del resto de las tres autoridades se le reclama “la omisión continuada de adoptar las medidas necesarias en aras de preservar los recursos ecológicos de la comunidad, derivado del daño causado por la ilegal explotación del banco pétreo denunciado en octubre de 2023 y que opera sin autorización vigente de la SEMABESO y en general sin permiso alguno, así como la deforestación y en general del daño al ecosistema derivado de la restauración de la línea K”.

Los antecedentes

El activista recordó que durante todo el año de 2023, la rehabilitación de la línea K en los 26 kilómetros correspondiente a la comunidad ha tenido como consecuencia el despalme de 104 hectáreas considerando un ancho de vía de 40 metros, lo que representó la eliminación de raíz y la quema en sitio de un estimado de diez mil árboles nativos:

“Algunos con protección especial de la Norma Oficial mexicana NOM-SEMARNAT-2010, como la Palma Sabal Blanca, el Granadillo,y los Mangles Rojo, Negro y Botoncillo provocando un grave daño a la biodiversidad”.

En octubre de 2023 formuló la denuncia ante la Propaeo por la explotación de material pétreo  por el banco de piedra “El barrancón”. El 8 de enero, fuera de derecho de vía, se detectó el despalme de la mitad del camino comunal que une al bosque de El palmar con el estero Espantaperros con una pérdida de alrededor de cien árboles.

El 2 de febrero de su solicitud de información al SEMABESO sobre el proyecto “Aprovechamiento de material Pétreo en el Barrancón”, este reportó que no cuenta con autorización vigente. El 6 de febrero se recibió un correo electrónico proveniente de Efrén Gómez Luis, Titular de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del CIIT, en donde informaba que la SEMAR había sido exenta de presentar el MIA ante la Semarnat.

Según la contestación del funcionario del CIIT, las obras y actividades del proyecto de la línea K se ajustan a lo establecido de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Recursos Naturales, por lo que quedaban exentos del MIA y realizarse o someterse a ningún procedimiento de evaluación.

En el mensaje de correo informa que según el informe presentado por la empresa proveedora de la SEMAR encargada de los trabajos de la línea K, GFS (Grupo Ferrocarrilero del Sureste), “no existe registro de alguna afectación de árboles nativos, solamente despalme del derecho de vía y un derecho de paso”.

Sobre el banco de piedra el funcionario informó que como “que la información es de carácter privada en virtud que es una relación comercial privada entre el propietario del banco pétreo y la empresa encargada de la realización de la obra”.

El defensor comunitario consideró que el Manifiesto de Impacto Ambiental en todo obra pretende prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como su regulación para evitar o reducir los efectos negativos en el ambiente y la salud humana. Este estudio indica los efectos que puede ocasionar sobre el medio ambiente y señala las medidas preventivas, además evalúa la factibilidad para llevar a cabo la obra.

En la elaboración del MIA se analizan y describen las condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto, e identifican y evalúan los impactos potenciales que podría causar la obra al ambiente así como propone medidas de prevención. La MIA se presenta ante la Semarnat para su evaluación y posible autorización, y en base a su aceptación la Profepa verifica los términos  y condiciones establecidos.

Por lo anterior consideró que la determinación de la Semarnat de exentar a la SEMAT de presentar el MIA, “causa de por sí un perjuicio a la comunidad” en donde se realicen los trabajos de rehabilitación.

Denunció que la restauración de la línea K incluye la remoción y mejora de los terraplenes, lo que está demandando “una cantidad exorbitante” de material pétreo que se está extrayendo de bancos pétreos sin autorización ambiental:

“Lo anterior explica por qué este proyecto no es posible de llevarse a cabo sólo el derecho de vía de 30 metros que originalmente tuvo el Ferrocarril Panamericano, hoy llama da línea K, y en los hechos, constatables  mediante recorrido  por el lugar, se puede observar que ocupan 40, 50 o más metros  de ‘derecho de vía’ que en realidad están absorbiendo los viejos caminos comunales aledaños y tierras de uso común, sin autorización  de la representación comunal indígena”.

Agregó que en los 26 kilómetros correspondientes a la comunidad de Unión Hidalgo, “se ha generado un grave  daño al ecosistema contraviniendo el principio de precaución en materia ambiental, lo que involucra la elección de realizar una conducta o evitar un acto con la finalidad de prevenir afectaciones al ambiente”.

Por último agregó que la autoridad responsable omitió realizar una reunión pública para explicar los aspectos técnicos ambientales del proyecto a la población local “lo cual restringe nuestro derecho a audiencia”.