Pide Irma Pineda transparentar criterios de asignación en “Mi Derecho, Mi Lugar”

• La diputada señala que garantizar el acceso universal a la educación media superior requiere reglas claras, información verificable y procedimientos transparentes para la asignación de espacios durante el ciclo escolar 2026-2027.

San Raymundo Jalpan, Oax.-La posibilidad de que las y los jóvenes continúen sus estudios de educación media superior sin que su condición económica, social o territorial represente un obstáculo constituye la materialización de los principios de universalidad, inclusión, gratuidad y equidad establecidos en el artículo tercero constitucional, afirmó la diputada Irma Pineda.

Al fijar su posicionamiento sobre la estrategia “Mi Derecho, Mi Lugar”, la legisladora destacó que el propósito de esta política parte de una premisa fundamental: garantizar que las juventudes tengan acceso a un espacio dentro de las instituciones públicas de educación media superior.

Sin embargo, señaló que garantizar un derecho no se limita a anunciar su existencia, sino que implica construir los mecanismos administrativos, presupuestales, tecnológicos y de infraestructura necesarios para hacerlo efectivo, además de establecer procedimientos transparentes que permitan conocer cómo y bajo qué criterios se toman las decisiones que inciden directamente en las oportunidades educativas de miles de jóvenes.

Pineda advirtió que la eliminación o modificación de mecanismos tradicionales de selección no debe traducirse en la ausencia de reglas claras para la asignación de los espacios disponibles. Por el contrario, explicó, cuando la demanda de ingreso a determinados planteles supera su capacidad instalada, la autoridad educativa tiene la obligación de establecer criterios objetivos, verificables, transparentes y previamente conocidos.

La diputada refirió que durante el reciente proceso de admisión correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 se han expresado dudas, inconformidades e incertidumbre entre aspirantes y madres y padres de familia respecto de la manera en que fueron asignados los espacios escolares, particularmente en los planteles que históricamente concentran una mayor demanda.

Ante ello, consideró legítimo que las familias conozcan cuál fue el criterio utilizado para determinar quién obtiene un espacio en determinado plantel y bajo qué procedimiento se realiza, en su caso, la reasignación hacia otra institución educativa.

Entre las interrogantes planteadas se encuentran si se consideró la cercanía del domicilio del estudiante, el orden cronológico del registro, la disponibilidad de espacios, las preferencias expresadas por cada aspirante, el promedio escolar o algún criterio territorial, así como si existieron mecanismos de prelación y qué procedimiento se aplicó cuando dos o más aspirantes se encontraban en condiciones similares.

“No basta con informar el resultado de una asignación; resulta necesario que las personas puedan comprender por qué se produjo ese resultado”, sostuvo la legisladora.

Asimismo, consideró indispensable transparentar datos como el número de espacios ofertados, la cantidad de solicitudes recibidas, los planteles con sobredemanda, cuántos aspirantes obtuvieron un lugar en su primera opción, cuántos fueron canalizados a una segunda o tercera alternativa y cuántos permanecen, en su caso, pendientes de asignación.

Pineda subrayó que la falta de información puede convertir las expectativas legítimas de las familias en frustración, desconfianza e incertidumbre. Por ello, aclaró que su posicionamiento no busca desacreditar una política pública orientada a ampliar derechos, sino contribuir a fortalecerla mediante reglas claras, información verificable, procedimientos transparentes y rendición de cuentas.

Finalmente, afirmó que si la estrategia lleva por nombre “Mi Derecho, Mi Lugar”, corresponde a la autoridad explicar con absoluta transparencia cómo se determina ese lugar.

“No hacerlo genera incertidumbre; explicarlo fortalece la confianza pública”, concluyó.