Pide que el Congreso exhorte al Director General del Registro Civil del Estado de Oaxaca para que implemente controles de confianza para oficiales y personal

Posicionamiento de la diputada Irma Pineda Santiago

El Registro Civil no es una oficina administrativa más. Es una institución esencial del Estado mexicano y del Estado de Oaxaca, cuya función es garantizar uno de los derechos humanos más básicos y determinantes para la vida de cualquier persona: el derecho a la identidad. Su naturaleza es de orden público e interés social, y por tanto, su correcto funcionamiento no admite excusas, omisiones ni tolerancia a la ilegalidad.

Desde esta tribuna es indispensable recordar que el artículo 1° constitucional impone a todas las autoridades, sin excepción, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero además, establece con claridad el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a dichos derechos. No se trata de recomendaciones éticas; se trata de obligaciones legales.

No estamos hablando de hechos aislados ni de señalamientos recientes. Desde hace años, y de manera reiterada, se han presentado quejas ciudadanas, denuncias públicas y señalamientos de presuntas irregularidades graves en diversas oficialías del Registro Civil del Estado de Oaxaca, sin que las administraciones anteriores, ni la actual, hayan puesto un alto a prácticas que, en muchos casos, constituyen ilícitos.

Hablamos de falsificaciones de documentos oficiales y alteración de actas registrales; de usurpación de funciones por personal no legalmente facultado o sin el perfil para llevarlos a cabo; de cobros indebidos y exigencia de pagos no autorizados; de acoso y hostigamiento laboral y sexual al interior de las oficinas; de violaciones a derechos humanos; de la falta de control y trazabilidad de trámites; y de una prestación deficiente, irregular o condicionada de servicios públicos.

No se trata de una persecución política ni de un señalamiento generalizado, sino de una acción responsable de fiscalización y prevención, orientada a erradicar prácticas ilegales y garantizar que el servicio público se preste conforme a la ley y a los más altos estándares.

En este contexto, resulta urgente que esta Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional exhorte de manera enérgica al Director General del Registro Civil del Estado de Oaxaca para que implemente controles de confianza obligatorios para oficiales y personal; fortalezca los procedimientos de auditoría, supervisión y verificación administrativa; inicie los procedimientos administrativos correspondientes y dé vista a las autoridades competentes cuando existan indicios de faltas graves o delitos; implemente acciones correctivas y preventivas, incluida la capacitación obligatoria en derechos humanos y la erradicación del acoso laboral y sexual; e informe a este Congreso, con transparencia, sobre las acciones y resultados obtenidos.

Finalmente, hago un llamado respetuoso pero firme a la Comisión a la que sea turnado este exhorto para que dictamine a la brevedad posible. Cada día que pasa sin atender estas problemáticas es un día en el que se siguen generando daños al Estado y a la ciudadanía oaxaqueña.

Este Congreso no puede ser omiso. Es momento de pasar del discurso a la acción y asumir con responsabilidad el compromiso de cero tolerancia a cualquier conducta que vulnere la legalidad, los derechos humanos y la dignidad de las personas.